Derechos laborales frente a la viabilidad téncica empresarial
En el debate económico contemporáneo hay una cuestión que rara vez se aborda con serenidad: patronal y sindicatos no llegaran a acuerdos nunca. El equilibrio entre los derechos laborales de los trabajadores y la viabilidad real de las empresas. Se habla mucho de estabilidad, protección social y seguridad del empleo, pero menos de quién asume el riesgo cuando la actividad económica no funciona. Y conviene recordar que sin riesgo no hay empresa; sin empresa, tampoco hay empleo.
El marco laboral europeo se ha construido sobre un principio razonable: proteger al trabajador frente a la incertidumbre del mercado. Sin embargo, en la práctica, esta protección puede generar situaciones paradójicas. No son pocos los casos en los que, tras años generando empleo, pagando salarios, impuestos y cotizaciones, un pequeño empresario se ve obligado a cerrar su actividad con ingresos inferiores a los de quienes trabajaban para él. No se trata de cuestionar derechos laborales, sino de preguntarse si el sistema distribuye de forma justa los riesgos y las responsabilidades.
Desde el punto de vista económico, los pequeños empresarios asumen varios riesgos simultáneos: el financiero, al invertir capital propio o endeudarse; el operativo, al depender de la evolución del mercado; y el regulatorio, al soportar cambios normativos, fiscales o laborales que no controla. El trabajador, en cambio, asume un riesgo mucho más limitado: la posible pérdida del empleo, compensada en muchos casos por indemnizaciones, prestaciones y mecanismos de protección.
Este desequilibrio no es necesariamente injusto; forma parte del contrato social europeo. El problema aparece cuando la carga regulatoria y los costes estructurales hacen que emprender deje de ser una apuesta racional atractiva. Si el resultado probable de un fracaso empresarial es la descapitalización personal del autónomo, la pérdida de ingresos y asumir deudas mientras el sistema protege de forma razonable al trabajador, el incentivo para crear empresa disminuye. Y cuando se desincentiva la creación de empresas, se debilita la base del empleo futuro.
La cuestión no es elegir entre derechos laborales o viabilidad empresarial. Ambos son necesarios. Una economía sin protección social genera precariedad; una economía sin rentabilidad empresarial genera paro. El equilibrio consiste en reconocer que el riesgo empresarial cumple una función social: es el motor que permite que existan oportunidades laborales. Si ese riesgo no se distribuye de manera proporcional, el sistema se vuelve frágil.
En este sentido, la figura del emprendedor resulta especialmente importante. El autónomo suele ser inversor, gestor, comercial, financiero y trabajador al mismo tiempo. Cuando la actividad prospera, sostiene empleo y actividad económica. Cuando fracasa, a menudo queda fuera de los mecanismos de protección que sí alcanzan a sus empleados. No es extraño que, tras el cierre, quien creó el empleo termine en una situación económica más vulnerable que quienes lo desempeñaron. Desde la óptica económica, esto plantea una pregunta incómoda: ¿puede un sistema sostenerse si penaliza de forma estructural a quien asume el riesgo productivo?
No se trata de reducir derechos laborales ni de glorificar el fracaso empresarial como parte inevitable del mercado. Se trata de introducir mecanismos que repartan mejor el riesgo. Esto puede traducirse en sistemas de segunda oportunidad más ágiles y que sean útiles realmente, en vez de ruletas rusas de las Administraciones con carruseles de embargos y regateos en las quitas de deudas, en protección real para el autónomo en situaciones de cierre, en cargas administrativas proporcionadas o en marcos laborales que contemplen la realidad de las pequeñas empresas, que no operan con la misma capacidad financiera que las grandes empresas y corporaciones.
El equilibrio entre derechos y viabilidad no se logra enfrentando trabajador y empresario, sino entendiendo que ambos forman parte del mismo ecosistema económico. Cuando una empresa cierra, no gana nadie: pierde el empresario, pierden los trabajadores y pierde la economía local. La clave está en diseñar reglas que protejan sin asfixiar y que fomenten la creación de riqueza sin desproteger a quienes dependen de ella.
En última instancia, la pregunta no es quién debe tener más derechos, sino cómo construir un sistema donde asumir riesgos productivos no sea una condena económica y donde el trabajo siga siendo digno y seguro. Si ese equilibrio se rompe, la economía se vuelve menos dinámica, menos emprendedora y, paradójicamente, menos protectora. Porque sin empresas viables, los derechos laborales terminan convirtiéndose en una promesa sin empleo que los sostenga.
Antonio Luis González
Presidente de Fedeco Canarias
