Autónomos, el eslabón castigado de nuestra economía
Cada cierto tiempo, los Gobiernos lanzan globos sonda sobre los autónomos. Es casi una tradición. A veces es una subida de cuotas “en estudio”, otras, una “revisión de tramos” o una “propuesta para mejorar la progresividad del sistema”. Pero, curiosamente, casi siempre el resultado acaba siendo el mismo: pagar más.
España tiene una de las redes de trabajadores autónomos más amplias y diversas de toda la Unión Europa. Desde el pequeño comerciante de barrio hasta el consultor especializado, pasando por transportistas, artesanos, diseñadores, agricultores o profesionales liberales. Más de tres millones de personas que madrugan, arriesgan, invierten, crean empleo y, aun así, sienten que trabajan sin red.
Y sin embargo, cada vez que se habla de “reformas”, la palabra mágica parece ser “subida”. Subida de cuotas, subida de cotizaciones, subida de retenciones. El argumento oficial suele ser el de la “equidad” o la “sostenibilidad del sistema”. Pero el fondo del asunto es más simple y más incómodo: los autónomos son la caja más fácil de abrir cuando las cuentas públicas no cuadran.
Si no somos conscientes que nuestro país tiene un modelo productivo con dos pilares fundamentales, autónomos y empresas que generan empleo y riqueza, si se tensiona el sistema, se recauda a corto plazo pero se desincentiva y destruye la emprendeduría a medio, largo plazo y eso hace que caiga el empleo y caigan las recaudaciones por esas partidas.
El modelo actual de cotización por ingresos reales, implantado con la promesa de ser más justo, ha introducido algo de orden, pero también mucha confusión inicial. Hay autónomos que han visto reducir su cuota, pero muchos otros, especialmente los que apenas llegan a fin de mes, soportan una carga que les ahoga. Y en medio de esa gran incertidumbre, el Gobierno vuelve a sugerir una posible revisión al alza, especialmente para los que menos ganan, aunque ha salido a retirarla al ver el enorme revuelo que se ha suscitado. ¿Por qué?
En teoría, porque se busca equilibrar la recaudación y evitar que haya “falsos autónomos” o cotizantes por debajo de su nivel real de ingresos. En la práctica, parece más una medida recaudatoria que una política de justicia económica. Castigar a quien menos gana es, por definición, ineficiente. Y si además lo haces en un contexto de inflación, costes energéticos elevados y consumo en retroceso, el resultado puede ser devastador.
Mientras tanto, desde Bruselas llevan tiempo señalando otro camino: subir los umbrales de exención fiscal hasta los 85.000€, tal como ya han hecho varios países europeos. Es una medida lógica: liberar de burocracia y presión fiscal a los autónomos de menor tamaño para que puedan invertir, crecer y generar empleo. Pero en España, la directriz europea duerme el sueño de los justos.
La pregunta, entonces, es por qué. ¿Por qué no se impulsa un modelo que premie la productividad, que incentive la formación y profesionalización, que reduzca la carga administrativa y fiscal a los pequeños negocios? ¿Por qué seguimos penalizando al autónomo que empieza, que factura poco o que atraviesa una mala racha?
La respuesta, probablemente, tiene menos que ver con la ideología y más con la inercia. El Estado español sigue operando con estructuras pensadas para un mercado laboral de los años ochenta: rígido, asalariado y dependiente. Pero la realidad de hoy es otra. Las nuevas formas de trabajo digitales, por proyectos, temporales, híbridas necesitan un modelo flexible, no un sistema de cuotas uniformes y crecientes.
Si de verdad se quiere fortalecer la economía, habría que empezar por apoyar a quienes la sostienen desde abajo. El autónomo no es un problema; es parte esencial de la solución. Pero necesita estabilidad normativa, incentivos reales, financiación accesible y una administración que acompañe y ayude en lugar de vigilar y fiscalizar, sancionando al más débil.
Pese a retirar la media y continuar la negociación con los agentes por parte del Ministerio. Subir cuotas a los que menos ingresan no es progresividad: es miopía económica. Porque el autónomo que hoy cierra su negocio es un trabajador que mañana dejará de cotizar, un local cerrado y vacío más en la calle, una oportunidad menos de crecimiento y una pérdida de creación de empleo y generación de riqueza.
Europa ofrece el ejemplo y el sentido común ofrece la guía: favorecer a los que crean valor y aliviar la carga de los que apenas sobreviven. No es ideología, es solo coherencia. Y quizá un poco de empatía, que notamos en falta para el sector.
Al final, si el autónomo se hunde, con él buena parte de la economía real desaparece. Por eso, más que seguir lanzando globos sonda, lo que España necesita es un plan claro, estable y valiente para devolverle a este colectivo la confianza y el apoyo institucional, lo que ya ha demostrado sobradamente: su compromiso con el país.
