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COMUNICADO IMPLANTACIÓN PLATAFORMA COMERCIAL ORIGEN CHINO

Ante las informaciones aparecidas en los medios de comunicación relacionadas con la implantación en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife de una Plataforma Comercial de origen chino en la que se incorporarán al tejido económico de la isla al menos 400 empresas de diferentes sectores en una superficie aproximada de 300.000m², queremos desde la Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias compuesta por las principales asociaciones de empresarios y comerciantes, sectoriales y zonales de la provincia de Tenerife, manifestar lo siguiente:

1.     Mostrar nuestro más absoluto rechazo a la puesta en marcha de esta acción comercial al suponer el inicio de esta actividad el fin de las Pequeñas y Medianas Empresas de Santa Cruz de Tenerife y Área Metropolitana.

2.     La falta de sensibilidad por parte de la Presidencia de la Autoridad del Puerto de Santa Cruz de Tenerife hacia los comercios al no realizar consulta previa alguna sobre este particular con las diferentes asociaciones que nos encontramos en esta área.

3.     Llamar la atención sobre la pasividad de las Instituciones sobre este asunto después de ser conocido, ya hace varios días a través de la prensa. No ha existido ningún tipo de posicionamiento ante esta gravísima acción comercial.

4.     Manifestar el desprecio más absoluto de la Autoridad Portuaria hacia la Patronal del comercio de la provincia y por ende de sus asociados, y las Instituciones locales e insulares al presentar en los medios de comunicación este asunto antes de realizar una comunicación oficial en los diferentes estamentos.

5.     Denunciar la exigua creación de puestos de trabajo que se crearán y la precariedad laboral a la que estarán sometidos los empleados que pasen a formar parte de la plantilla de esas empresas.

6.     Aclarar que esta plataforma gozará de importantes ventajas fiscales al estar instalada dentro de la Zona Especial Canaria (ZEC) o la Zona Franca, suponiendo un agravio comparativo y competencia desleal con respecto al resto del comercio.

7.     Solicitamos a la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias que intervenga ante este despropósito comercial que supone un menoscabo para el tejido económico.

8.     Así mismo, queremos que desde el Ayuntamiento de Santa Cruz, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, se comprometan en la defensa efectiva del comercio minorista de la isla, y por extensión de toda la Comunidad Autónoma.

Por todo lo expuesto anteriormente solicitamos en nombre de las asociaciones de empresarios y comerciantes que forman parte de la Federación:

Que nos expliquen en qué consiste exactamente el proyecto.

Según las informaciones publicadas en prensa se especifica que los turistas son los clientes a los que va dirigido, por lo que se entiende  que una parte del negocio será minorista.

Queremos saber en qué consiste; se habla de un centro comercial en toda regla con 400 comercios. En la información se especifica que no competirá con el comercio local pero a continuación se afirma que los 6 millones de turistas que nos visitan son los potenciales clientes. Si los turistas pueden comprar, está claro que es comercio minorista.

En caso de ser destinadas exclusivamente al sector mayorista de exportación, deberían asegurar legal y administrativamente que en ningún momento tuviera apertura al comercio minorista, con posibles sociedades interpuestas con las que se salten las actuales barreras, fiscales y tributarias manteniendo sus beneficios fiscales y dilatándolos en el tiempo.

En este caso, exigimos que la autoridad portuaria se comprometa a vigilar y mantenernos oportunamente informados de que efectivamente que esta superficie del puerto estará destinada a ser un centro de venta al mayor y sólo con el objetivo de la exportación.

Por último desde esta Federación esperamos que la cordura y la visión de futuro vuelva a la sana intensión que existía hasta ahora por parte de la Autoridad Portuaria de Tenerife de contribuir con el Desarrollo Económico de nuestra Isla y del Archipiélago en general, sin tener que acudir a estas injerencias comerciales y competencia desleal que no facilitan en nada la recuperación económica y limitan toda futura actividad local que se quiera poner en marcha.

UATAE PIDE UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA LOS AUTÓNOMOS EN LA LEY CONCURSAL

La Secretaria General se ha reunido hoy con representantes del PSOE y de otras organizaciones de autónomos

 Madrid, 23 de septiembre de 2014

La Secretaria General de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores, UATAE, Maria José Landaburu, se ha reunido hace unos minutos con representantes del PSOE y de otras organizaciones de autónomos, a petición de este partido, para debatir la actual situación de los autónomos y emprendedores, especialmente en cuanto a su afectación por las recientes modificaciones de la Ley Concursal.

En este sentido, UATAE coincide con el PSOE en la necesidad de hacer un planteamiento específico para los autónomos propiamente dichos en la mencionada Ley. UATAE, también considera que es fundamental lograr la continuidad de las actividades o empresas que sean económicamente viables y no, como está sucediendo ahora que, un importante número de concursos (entre el 95% y el 98%) terminen con la liquidación de los concursados y, por tanto, con el fin de la empresa. Para  Landaburu, esta situación “se repite con mayor contundencia en el caso de las pequeñas empresas y los autónomos, con mayores dificultades de refinanciación y de alcanzar los acuerdos con los acreedores en las formulaciones legalmente establecidas”.

La Secretaria General de UATAE destacó, en esta reunión que, aunque la ley “flexibiliza los plazos temporales, las cuantías de las quitas, los porcentajes de aprobación de los acuerdos, entre otros,  no prevé actuaciones específicas para los trabajadores autónomos”. Asegura que, esta configuración legal dista mucho de la que poseen la mayoría de los países de nuestro entorno como Portugal, Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Noruega o Estados Unidos que han legislado la “segunda oportunidad”  o “fresh starts” que tiene efectos, además, “sobre el conjunto de los operadores económicos, haciendo por un lado que los créditos inicialmente incobrables puedan alcanzar efectividad, y por otro, incentivando y estimulando la actividad económica”.

Landaburu explicó como, en nuestro país, el concepto de “segunda oportunidad” que trajo consigo la Ley de Emprendedores ha resultado claramente “insuficiente”. Y es que las tasas judiciales, los honorarios de los distintos profesionales intervinientes y el umbral mínimo de pasivo satisfecho que se exige para obtener la exoneración o fresh start “es muy alto”.

Esta situación, aclara, “dejará fuera del ámbito de protección de la norma a muchos deudores que no tendrán activo suficiente para abonar todos los créditos contra la masa,  privilegiados y 25% pasivo ordinario”. Asimismo, recuerda que en los casos de concurso por insuficiencia de masa quedan fuera de la exoneración de deudas. “Concluido el concurso, los acreedores podrán reiniciar las ejecuciones singulares y el deudor seguirá condenado a la exclusión social y de ahí que no haya segunda oportunidad para el que menos tiene”.

En este sentido, Maria José Landaburu recordó al Grupo Parlamentario Socialista que es importante adoptar algunas medidas, entre las que destacó:

• El proceso de recuperación personal: Landaburu recuerda que el mayor problema que afecta a los autónomos es que, “si después de liquidar todo su patrimonio, bienes y derechos, no se satisfacen todas las deudas, los acreedores podrán seguir actuando en el futuro contra él”. Por ello, UATAE propone el modelo francés por el cual, si fracasa el plan de pagos, en el caso de buena fe del deudor, “hay que proceder a la insolvencia y liquidación de bienes, eliminando todas las deudas, hayan obtenido satisfacción o no, sean públicas o privadas”.
• La dación en pago de los bienes hipotecados para el deudor insolvente y no culpable. Esta medida pretende evitar que, después de la ejecución de la hipoteca y, siempre que la venta del bien no satisfaga la totalidad de la deuda, “el acreedor pueda continuar la ejecución sobre todos los bienes presentes y futuros sin límite temporal”.
• La inembargabilidad de la vivienda habitual no suntuaria.
• Desjudicialización real de la fase previa. UATAE apuesta por un sistema de arbitraje que culmine con un auténtico plan de viabilidad.
•  Si se presenta un plan de pagos viable, la imposición a todos los acreedores, incluidos los públicos, de los planes de viabilidad aceptados por el juez que no tendrá, en este  caso, limitación en cuanto a las quitas o esperas aplicables.