La UE compra fuera lo que deja morir dentro
Lectura en clave económica del acuerdo de la UE–Mercosur
La reacción del sector agrario europeo tras el reciente acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur no es un arrebato ni una pataleta. Es una advertencia económica. Los agricultores y ganaderos no se han puesto “en pie de guerra” por ideología, sino por números, costes y supervivencia. Y conviene escucharlos, porque lo que está en juego no es solo el campo, sino un modelo productivo, social y estratégico para Europa.
Desde una perspectiva estrictamente económica, el acuerdo plantea una contradicción difícil de sostener ya que la UE exige a sus productores estándares ambientales, laborales y sanitarios cada vez más elevados, con costes crecientes, mientras abre la puerta a productos procedentes de países donde esas exigencias no existen o son notablemente más laxas. El resultado ya es conocido, competencia desleal en origen, presión a la baja sobre los precios y pérdida de rentabilidad del productor local europeo.
Las organizaciones agrarias europeas coinciden en un punto clave, no se oponen al comercio internacional, sino a la asimetría regulatoria. Producir en Europa hoy implica asumir costes derivados de la PAC, de la estrategia “De la granja a la mesa”, de la reducción de fitosanitarios, de la trazabilidad, del bienestar animal o de la normativa laboral. Todo ello es positivo desde el punto de vista social y ambiental, pero tiene un precio y no se compite con las mismas reglas respecto a lo que entra de fuera.
Cuando la UE permite la entrada de carne, cereales, azúcar o frutas producidas bajo condiciones muchísimo menos exigentes, el mercado no premia la sostenibilidad: premia el menor coste. Y ahí el agricultor europeo pierde siempre. No por ineficiente, sino por cumplir las reglas que la propia Europa le impone.
Desde el punto de vista económico, esto genera un “Dumping regulatorio”: no se subvenciona directamente el producto importado, pero se le permite competir sin cargar con los mismos costes estructurales. El efecto final es idéntico.
El impacto no es teórico. La experiencia demuestra que cada apertura de mercado sin salvaguardas provoca caídas de precios en origen, especialmente en sectores sensibles. Reducción de la renta agraria, ya de por sí ajustada. Abandono de explotaciones, sobre todo pequeñas y medianas, así como una destrucción de empleo rural y despoblación.
Desde una óptica macroeconómica, sustituir producción local por importaciones no abarata realmente la cesta de la compra a medio plazo. Puede contener precios en el corto plazo, pero genera dependencia exterior, volatilidad y pérdida de tejido productivo. Es pan para hoy y hambre para mañana.
Uno de los grandes errores del debate público es presentar la soberanía alimentaria como una postura proteccionista o retrógrada. Nada más lejos de la realidad. Desde el análisis económico, la soberanía alimentaria es gestión del riesgo.
Europa aprendió con la crisis energética lo que significa depender del exterior para bienes estratégicos. La alimentación lo es aún más. Externalizar la producción agraria equivale a renunciar a la capacidad productiva propia en un contexto de crisis climática, tensiones geopolíticas y crecimiento de la demanda mundial.
Además, producir cerca reduce la huella de carbono, garantiza la trazabilidad y mantiene vivo el territorio. Importar alimentos desde miles de kilómetros mientras se penaliza al productor local no es sostenible ni ambiental ni económicamente.
El modelo que está eligiendo la UE tras el acuerdo con Mercosur refleja una deriva preocupante. Europa actúa como gran mercado consumidor, pero debilita su base productiva. Se protege la industria, se cuida el sector financiero, pero se trata al campo como una variable de ajuste, un verdadero disparate económico.
El mensaje implícito que recibe el consumidor es peligroso “producir en Europa es caro, mejor comprar fuera”. A medio plazo, eso equivale a desmantelar uno de los pocos sectores que garantizan autonomía, cohesión social y equilibrio territorial.
La alternativa sensata es apoyar al sector agrario y eso no implica cerrar fronteras, sino aplicar sentido común económico y estas son las calves:
- Cláusulas espejo reales: lo que se exige al productor europeo debe exigirse también al importado.
- Mecanismos de salvaguarda automática ante caídas de precios o distorsiones de mercado.
- Refuerzo de la producción local y regional, no solo vía ayudas, sino con política comercial coherente.
- Valoración estratégica de la alimentación, al mismo nivel que la energía o la tecnología.
- Defensa del consumidor a largo plazo, garantizando estabilidad, calidad y seguridad alimentaria.
Lo que hoy denuncian los agricultores no es un acuerdo concreto, sino una forma de entender Europa. Una UE que predica sostenibilidad y exige estándares muy altos a los propios, pero importa productos sin exigirlos; que habla de resiliencia, pero debilita su base productiva; que pide sacrificios al campo, pero no lo protege cuando compite en desigualdad.
Desde la economía, la conclusión es clara, sin soberanía alimentaria no hay estabilidad, ni social ni económica. Y sin agricultores, Europa será un gran supermercado… vacío de futuro.
Por Antonio Luis González Núñez, presidente de FEDECO Canarias
