Esta semana se ha comenzado a negociar la nueva ley sobre el “teletrabajo” que se convirtió en un importante instrumento durante el confinamiento motivado por la crisis de la Covid-19.
Al respecto, el Gobierno de Canarias a través del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, adelanto ayer que el 60 por ciento de los empleados públicos de la administración general, que denominó el “núcleo de la burocracia”, ha usado el teletrabajo con motivo de la pandemia.
En cuanto a la nueva Ley que ya se negocia entre el Estado y los agentes sociales, desde FEDECO Canarias a través de su presidente Antonio Luis González Núñez, opinan que “existen algunos parámetros que deben ser estudiados y analizados de forma exhaustiva tales como los gastos en los que incurre el trabajador, respetar la jornada de trabajo siempre supeditada a la productividad del mismo, entre otros”.
Igualmente resulta necesario que más allá de convertirse el “teletrabajo” en un derecho del trabajador o en una obligación de la empresa, se “debe establecer la libertad oportuna y necesaria a cada autónomo o pyme para que su criterio de productividad prime sin perjuicio de los derechos laborales de sus empleados”, añade Antonio Luis González Núñez.
Para FEDECO resulta igualmente paradójico que no se tengan en cuenta las necesidades específicas de muchos autónomos que por fuerza mayor han tenido que seguir teletrabajando ante la evidente pérdida de productividad y de recursos para poder restablecer los servicios físicos.