Archivo: 29 diciembre, 2025

Balance y desafíos del comercio en Canarias para 2026

El comercio canario ha vivido en 2025 un año de claroscuros. Ha sido un ejercicio de resistencia, adaptación y, en muchos casos, de notable profesionalidad. El tejido comercial del archipiélago ha demostrado, una vez más, que sabe aguantar temporales, ha demostrado madurez y resiliencia, pero también que no puede seguir navegando sin rumbo estratégico si quiere mantener su peso en la economía regional.

Desde la perspectiva de quienes estamos cada día en contacto con empresarios, comerciantes y autónomos, el diagnóstico es claro: el comercio canario sigue vivo, pero trabaja cada vez con márgenes más estrechos, mayor presión de costes y una competencia más desigual.

Durante 2025, el consumo en Canarias se ha mantenido relativamente sólido gracias a tres factores principales. El flujo turístico sostenido, la recuperación parcial del empleo y la adaptación del consumidor al nuevo entorno de precios.

Sin embargo, esta estabilidad en ventas no se ha traducido en mayor rentabilidad. Muy al contrario. Los costes estructurales han crecido a un ritmo superior a los ingresos: alquileres comerciales, energía, transporte, seguridad social, seguros, logística y financiación. A eso se suma una mayor presión fiscal indirecta y una carga administrativa cada vez más pesada.

El resultado es una realidad incómoda. Se vende, pero se gana menos. Y cuando los márgenes se reducen, la inversión desaparece, el empleo se precariza y el futuro se vuelve incierto.

Otro rasgo clave de 2025 ha sido la creciente polarización del mercado. Por un lado, grandes operadores digitales y cadenas internacionales con músculo financiero, precios agresivos y logística propia. Por otro, el pequeño y mediano comercio local, que sostiene el empleo, paga impuestos en Canarias y mantiene la vida urbana, pero compite en una clara desventaja.

No es una cuestión ideológica, es una cuestión económica. No todos compiten con las mismas reglas, y eso distorsiona gravemente el mercado. Mientras unos optimizan impuestos y operan desde fuera, otros sostienen el territorio desde dentro.

2025 ha confirmado algo que ya sabíamos, el comercio canario sigue arrastrando problemas estructurales que nadie ha abordado con decisión. La escasa digitalización real. La dificultad de acceso a financiación. La falta de relevo generacional. La dependencia excesiva del consumo turístico y la sobrerregulación administrativa. Problemas que están bien diagnosticados pero la administración sigue sin ser consciente de ellos, por más planes y estudios que encarguen ya que los comerciantes no piden privilegios. Piden condiciones razonables para competir en igualdad.

Mirando a 2026, el escenario es exigente pero no negativo si se toman las decisiones correctas.

  • El consumo será más selectivo: El consumidor canario será más prudente, comparará más y exigirá más valor por su dinero. Esto favorece al comercio que ofrece cercanía, servicio, confianza y especialización.
  • La calidad será más importante que el precio: La batalla del “más barato” está perdida frente a los gigantes globales. La del mejor producto, mejor asesoramiento y mejor experiencia todavía se puede ganar.
  • El comercio local puede recuperar terreno: Si se apuesta por productos de proximidad, sostenibilidad real y economía circular, el comercio canario tiene una oportunidad estratégica.
  • La digitalización ya no es opcional: No se trata de tener una web, sino de integrar el canal digital en el negocio, gestión de clientes, reservas, comunicación, ventas híbridas.

Si queremos un comercio fuerte en 2026, competitivo y generador de empleo, hacen falta cinco cambios clave:

1. Un marco fiscal y administrativo más sencillo: Menos burocracia, menos trabas y más agilidad.

2. Incentivos a la inversión y la modernización: Ayudar al comerciante a digitalizarse, renovarse y adaptarse.

3. Defensa real del comercio local: No desde el discurso, sino desde las reglas del juego.

4. Formación práctica: Gestión, marketing, atención al cliente, digitalización, idiomas.

5. Visión estratégica: El comercio no es un sector residual, es uno de los pilares de la economía y el empleo canario.

El 2026 será un año más de selección natural empresarial. Quien innove, se adapte y se profesionalice sobrevivirá. Quien espere que el mercado le tenga compasión, no. Canarias no puede permitirse perder su comercio. No solo por razones económicas, sino sociales: Cuando muere el comercio, muere la ciudad.

Desde Fedeco Canarias defendemos un modelo comercial muy claro, necesitamos un comercio fuerte, moderno, rentable y con raíces en el territorio. Porque sin comercio no hay economía local, y sin economía local no hay futuro. También necesitamos un consumidor responsable, consciente y consecuente de sus decisiones de compra para cuidar y proteger nuestra economía y nuestra sociedad al comprar local.

Y ese futuro, está en nuestras manos y aún estamos a tiempo de construirlo.

Antonio Luis González Núñez

Presidente de Fedeco Canarias

FEDECO Canarias agradece la actuación de la Guardia Civil en la retirada de más de 44.000 juguetes falsificados en Arona

La Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias (FEDECO) quiere expresar públicamente su agradecimiento y reconocimiento a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en especial a la Guardia Civil, por la importante actuación llevada a cabo en el municipio de Arona para la protección de los consumidores y del comercio legal.

Agentes de la Guardia Civil de la Sección Fiscal y de Fronteras del Aeropuerto Tenerife Sur, en coordinación con la Patrulla Fiscal y de Fronteras de Playa de las Américas, realizaron en fechas previas a la campaña navideña una inspección en un establecimiento comercial de venta directa al público. Esta actuación tenía como objetivo velar por la seguridad de los consumidores y evitar la comercialización de productos que no cumplen con la normativa vigente y que pueden suponer un grave riesgo, especialmente para los menores.

Como resultado de la inspección, se intervinieron 44.212 juguetes falsificados, que eran fabricados en el sótano del propio local, con un valor estimado superior a tres millones de euros, según el informe del perito judicial especializado en propiedad industrial.

El presidente de FEDECO Canarias, Antonio Luis González Núñez, ha destacado que “esta intervención es un ejemplo claro del compromiso de la Guardia Civil con la seguridad de los consumidores y con la defensa del comercio legal y responsable”. Asimismo, subrayó que “la venta de juguetes falsificados no solo supone una competencia desleal para los empresarios que cumplen la ley, sino que pone en serio peligro la salud y la seguridad de los niños”.

González Núñez añadió que “desde FEDECO llevamos años denunciando el perjuicio que causa la falsificación y el comercio ilegal, tanto a la economía como al empleo. Actuaciones como esta refuerzan la confianza del consumidor y dignifican la actividad comercial”.

Desde FEDECO Canarias se insiste en la importancia de la colaboración entre administraciones públicas, fuerzas de seguridad y organizaciones empresariales para erradicar estas prácticas ilícitas, especialmente en periodos de alta demanda como la Navidad. “Comprar en comercios legales es apostar por la seguridad, la calidad y el desarrollo económico de nuestras islas”, concluyó el presidente de la Federación.

FEDECO reitera su agradecimiento a la Guardia Civil por su profesionalidad y eficacia, y anima a los consumidores a denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda poner en riesgo su seguridad o la de sus familias.

Absentismo profesional, picaros eficientes

Hay temas muy incómodos de tratar, pero que cualquier empresario, autónomo o trabajador conoce de primera mano. Uno de ellos es el coste real que supone el aumento de las bajas laborales para las empresas en nuestro país. No hablamos de quienes realmente las necesitan y que deben estar protegidos sin cuestionamiento, sino de ese fenómeno creciente en el que algunos empleados encadenan bajas y coleccionan diagnósticos picaros. Un absentismo convertido casi en oficio, que se ha disparado tras la pandemia y que hoy condiciona la productividad, el clima laboral y las cuentas de resultados de miles de negocios.

Los datos estadísticos lo confirman y España ha vivido en los últimos tres años un aumento sostenido del número de procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes. No es una percepción empresarial, ni una queja de barra de bar. Es una realidad estadística. Y detrás de ella conviven tres factores, las patologías reales, que existen y deben respetarse, los efectos psicológicos postpandemia que son serios y no deben minimizarse, y un tercer grupo extremadamente dañino, los pícaros profesionales del absentismo, ese perfil que ha aprendido a navegar entre certificados médicos, que acumula bajas justo antes de periodos de vacaciones o picos de trabajo y que siempre tiene un motivo oportuno para no estar cuando más falta hace.

Para las empresas, especialmente las pequeñas, este fenómeno tiene un coste directo y uno invisible. El coste directo es matemático, sustituciones, horas extras, retrasos en entregas y un quebradero de cabeza para la empresa. Pero el coste invisible es todavía más corrosivo, la sobrecarga que recae sobre el resto de los compañeros. Cuando uno se ausenta, otro cubre. Y cuando esa ausencia es reiterada, injustificada y pícara, lo que debería ser un gesto de solidaridad se convierte en un agravio continuo. El resultado es un equipo agotado, frustrado y, en muchos casos, resentido. Y eso no se arregla con un plan de incentivos ni con charlas motivacionales.

Las empresas necesitan soluciones realistas, no discursos edulcorados. El equilibrio entre proteger al trabajador enfermo y evitar los abusos de estos pícaros no debería ser una guerra ideológica, sino una cuestión de gestión eficiente y justicia interna.

Pero como se podría abordar este problema sin criminalizar a quien realmente lo necesita. Deberíamos revisar de manera objetiva y ágil las bajas de larga duración. No hablamos de sospechar del enfermo, sino de validar que los procesos largos reciben seguimiento real y no se convierten en lugar sin control donde algunos se instalan indefinidamente. Un sistema más homogéneo evitaría desigualdades entre médicos, regiones y mutuas. Corresponsabilidad parcial del coste en los casos de reincidencia injustificada. Muchos países europeos establecen modelos mixtos que protegen al trabajador, pero prevén mecanismos de copago público-empresarial adaptados al historial. Cuando una baja reiterada no responde a patologías acreditadas, el sistema introduce controles adicionales, no castigos. Incentivos para la reincorporación progresiva. El miedo a volver tras una larga baja puede ser tan paralizante como la propia dolencia. Permitir retornos escalonados, teletrabajo temporal o adaptación de tareas evita que algunos casos se alarguen más de lo necesario y facilita la transición para todos. Apoyo psicológico preventivo. No se puede ignorar que la salud mental es uno de los motores de este incremento. Identificar señales tempranas y trabajar la prevención reduciría bajas prolongadas y permitiría intervenciones antes de que el problema se enquiste. Protección legal frente al abuso interno. Los compañeros que cargan con el trabajo de quienes faltan también necesitan protección. La insolidaridad laboral tiene un coste emocional y productivo que nadie contabiliza, pero que destruye equipos enteros y los sindicatos miran para otro lado en estos casos y hasta se sienten aludidos o amenazados, cuando deberían ser los primeros en velar por la corresponsabilidad.

Es evidente que nadie quiere tocar este asunto porque es muy incómodo, impopular y puede malinterpretarse. Es un problema real que exige madurez colectiva ya que la alternativa, mirar hacia otro lado, sale todavía más caro. No se trata de perseguir al trabajador que está enfermo, sino de evitar que unos pocos rompan el equilibrio de muchos. Las pymes españolas no tienen capacidad infinita para absorber bajas, ausencias, ni para soportar aumentos constantes de costes laborales sin afectar a salarios, precios o empleo.

El absentismo laboral injustificado crea una sociedad desigual: unos trabajan para dos y por dos, mientras otros cobran por no trabajar. Y esa distorsión, si no se corrige, erosiona la confianza interna tanto como cualquier recorte o reajuste.

Quizá la solución no pase por endurecer, ni por abaratar, sino por algo más básico y menos habitual, aplicar sentido común. Proteger a quien debe ser protegido, acompañar a quien lo necesita y recordar que los derechos laborales sólo funcionan cuando se ejercen con responsabilidad. En un país que todavía lucha por ganar productividad, cuidar el compromiso interno no es un capricho empresarial, es una necesidad económica.

La pandemia nos dejó muchas lecciones. Una de ellas es que la salud es esencial. Otra, menos cómoda, es que los abusos también existen y hay que evitarlos entre todos. Y si queremos ser eficientes, productivos y tener un mercado laboral fuerte, justo y sostenible, tocar este tema sin miedo no es opcional, es imprescindible.